Cuenta atrás para la justicia en Turquía

Han dedicado su vida a a la defensa de los derechos humanos de otras personas en Turquía y en otras partes.

Sin embargo, los 11 —entre los que se encuentran el expresidente, la exdirectora y varios miembros de Amnistía Internacional Turquía, así como activistas que defienden a las mujeres y la igualdad— se enfrentan a absurdos cargos de “terrorismo” sin que en el transcurso de diez vistas judiciales celebradas en los últimos tres años se hayan presentado pruebas creíbles. Condenar a cualquiera de ellos sería una parodia de justicia.

Desde su detención en 2017, más de dos millones de personas de todo el mundo —desde Ai Weiwei hasta Whoopi Goldberg— han pedido justicia para estos 11 defensores y defensoras de los derechos. Ahora que este juicio injusto llega a su fin, te pedimos que te unas a nosotros sumando tu voz y enviando un mensaje de solidaridad a los 11 activistas antes de que se pronuncie la sentencia.

Taner Kılıç, entonces presidente de Amnistía Internacional Turquía, fue detenido en su casa de Esmirna en la madrugada del 6 de junio de 2017. Tres días después fue encarcelado por cargos de ser miembro de lo que el gobierno denominaba “Organización Terrorista Fethullahista” y a la que acusaba de ser el cerebro del violento intento de golpe de Estado de 2016. Sin prueba alguna, las autoridades afirmaron que Taner se había descargado “ByLock”, una aplicación de mensajería segura que, según el gobierno, el grupo utilizaba para comunicarse.

Casi un mes después, el 5 de julio, diez defensores y defensoras de los derechos humanos (los “10 de Estambul”) fueron detenidos en un hotel en la isla de Büyükada, Estambul, donde participaban en un taller sobre bienestar y seguridad digital. Las autoridades los acusaron de participar en una reunión secreta. Ocho de los diez defensores y defensoras fueron encarcelados sobre la base estas acusaciones.

İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Nalan Erkem e İlknur Üstün pasaron 99 días en prisión preventiva antes de quedar en libertad bajo fianza en la primera vista sobre el caso, celebrada el 25 de octubre de 2017 en Estambul.

El tribunal pidió también que la causa contra Taner se transfiriera a Estambul y se uniera al de los 10 de Estambul, alegando que Taner había dirigido la “reunión secreta de Büyükada” a pesar de que cuando se celebró él estaba en la cárcel. En la primera vista de Taner en Esmirna, celebrada al día siguiente, 26 de octubre, el tribunal aceptó la petición de transferencia del tribunal de Estambul, donde las dos causas diferentes se fusionaron en una sola. El tribunal también resolvió mantener la prisión preventiva de Taner. Desde entonces el caso se conoce como “el juicio de Büyükad.

El fiscal añadió información y documentos hallados en ordenadores confiscados a los 10 de Estambul que demostraban su activismo legítimo de derechos humanos. Entre el material añadido se encontraba una campaña para detener la venta de gas lacrimógeno a Turquía, junto con unos documentos de Amnistía Internacional que pedían una subvención para un proyecto de derechos humanos y otros que hacían campaña por la liberación de docentes en huelga de hambre que estaban bajo custodia.

Amnistía Internacional ha recopilado un detallado análisis del acta de acusación formal y ha examinado cada uno de los cargos formulados contra los 11 acusados.

En la novena vista, celebrada en noviembre de 2019, el fiscal del Estado presentó su opinión final, en la que pedía que se declarara culpable a Taner Kılıç de “pertenencia a una organización terrorista”, y a Idil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu y Nejat Taştan de “ayudar, a sabiendas y voluntariamente, a una organización terrorista”. El fiscal pidió al tribunal que absolviera a Nalan Erkem, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Ali Gharavi y Peter Steudtner.

El resumen de la acusación es como una copia del acta de acusación formal, y reproduce las acusaciones carentes de base —que a lo largo de las diversas vistas se demostraron infundadas— como si todo el juicio no hubiera tenido lugar.

El pronunciamiento del fallo se esperaba en la vista consecutiva, el 19 de febrero, pero la defensa no pudo finalizar sus alegaciones en el tiempo concedido por el tribunal, El juicio quedó aplazado inicialmente al 3 de abril de 2020 y ahora, a causa de la pandemia de COVID-19, al 3 de julio de 2020, fecha en la que se pronunciará el fallo judicial.

Los 11 defensores y defensoras de los derechos humanos ni siquiera deberían haber sido investigados, no digamos ya encarcelados o procesados. Durante el juicio, la fiscalía del Estado no demostró su acusación contra ellos. Para que se haga justicia, los 11 deben ser absueltos. 

El 3 de julio de 2020, el tribunal puede decidir ignorar la petición de la fiscalía de que se los declare culpables y absolverlos a todos. Por otra parte, la petición del fiscal de que se absuelva a cinco de ellos no garantiza esa absolución. Los 11 continúan en peligro de ser declarados culpables y encarcelados.

Si alguno de los 11 defensores y defensoras de los derechos humanos es declarado culpable, aunque no vuelva a la cárcel a causa del tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva, supondría un terrible golpe para las personas y para la sociedad civil independiente de Turquía.

Cuatro de los 11 defensores y defensoras son abogados. Si se los declara culpables, y su declaración de culpabilidad se confirma en apelación, perderían su licencia y ya no podrían ejercer la abogacía.

Sea cual sea la sentencia, es probable que se recurra, y el peligro continuará hasta que todos estos defensores y defensoras sean absueltos por el tribunal de apelación, que puede tardar años en dictar su sentencia después de la decisión del tribunal de primera instancia.

Este caso ha tenido repercusión en todo el mundo, y ha generado un enorme apoyo internacional para los 11 defensores y defensoras de los derechos humanos. Más de 2.000.000 de personas firmaron la petición para su excarcelación y para que se retiraran los cargos en su contra.

Gobiernos, instituciones y representantes políticos de todo el mundo, así como numerosos artistas y celebridades, como Zoë Kravitz, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Whoopi Goldberg, Zach Galifianakis, Annie Lennox, Bono, Peter Gabriel, Juliette Binoche, Jane Birkin, Angélique Kidjo, Patrick Stewart, Sting, Catherine Deneuve y Ai Weiwei, pidieron la liberación de los defensores y defensoras cuando fueron puestos en prisión preventiva, y pidieron que los absurdos cargos se retiraran.